Que RTVE está en crisis no es ninguna novedad. Tampoco lo es que los sucesivos gobiernos de este país han prometido sanear su economía y garantizar su pluralismo informativo sin mermar la calidad de la oferta y su vocación de servicio público. Estamos a la espera del dictamen del llamado “Consejo de sabios”, creado por el actual Ejecutivo, sobre cómo atajar una riada que se desbordó hace mucho tiempo. Es el enésimo experimento, porque durante años, lo único que hemos visto han sido vanos intentos de achicar el agua. Pero el modelo amenaza con hundirse sin remedio.
De modo que, ¿qué hacer? ¿Privatizamos? ¿Abaratamos los costes a golpe de recortes de personal? ¿O declaramos la ruina? Pensemos en ello:
Para empezar, y siendo justos, habría que distinguir entre Radio Nacional de España y Televisión Española. Se puede discutir, desde posiciones liberales, la existencia de un medio de comunicación que cuenta con el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado para su financiación. Pero mientras que RNE compite con sus rivales sin entrar en el mercado publicitario, TVE juega a dos bandas y con una ventaja de la que siempre se han quejado con amargura las televisiones privadas: recibe dinero del Estado y además cuenta con tantas inversiones publicitarias como la que más. La justicia más elemental dicta que esta situación de privilegio no es sana en un país que se dice libre y democrático.
Así que, hecha esta distinción, queda el grueso del rompecabezas. La concepción europea de la radio y la televisión como servicios públicos que han de estar bajo el control estatal, se traduce en España en el hecho de que las cadenas privadas operen bajo un régimen de licencias que concede el Estado. En este mismo ámbito continental, las radios y televisiones públicas son concebidas como servicios públicos imprescindibles para informar, formar y entretener a la sociedad. Esta es, no cabe duda, una aspiración positiva, al menos en teoría. La experiencia práctica no demuestra que se haya logrado. Y es que desde que un medio entra en competencia con otros, debe adaptarse a los gustos e intereses de la audiencia para captar su atención. De manera que ofrecerá contenidos similares a los de sus competidores si no quiere desmarcarse demasiado y perder audiencia y, con ello, dinero. El margen de maniobra que le queda a un medio como RTVE para cumplir como servicio público es estrecho.
Pero todo lo dicho hasta ahora no soluciona la principal herida que abate a RTVE: su deuda histórica. Las legislaturas pasan y las pérdidas siguen acumulándose, a cargo del cajón sin fondo de las arcas del Estado. Hace poco, la BBC británica, ejemplo de independencia y calidad, ha sido noticia porque afrontaba una reestructuración de su plantilla y sus métodos de trabajo. Cerca de 3.000 trabajadores fueron despedidos y otros muchos fueron desplazados a la sede de Manchester, más barata que la matriz de la capital. Imaginar un proceso similar en España es, a día de hoy, una quimera. La polémica se llevaría por delante al Gobierno de turno o, al menos, lo dejaría tocado. Y una privatización no sería un trago más fácil. Al margen de que supondría renunciar al goloso instrumento de propaganda gubernamental que muchas veces es RTVE, ninguna empresa privada con ánimo de supervivencia mantendría el gasto en personal y equipos que hoy soporta el Ente. Los recortes no tardarían en llegar.
La conclusión es que para un cambio definitivo se impone un cambio de modelo. Pero a la vista de las dificultades, tal vez se debería empezar por dar pasos pequeños que sirvan para ir levantando el vuelo. El cobro del canon por receptor, algo usual en otros países de nuestro entorno podría ser una medida eficaz, aunque igualmente impopular. Reducir las tremendas inversiones que a menudo hace RTVE sin obtener todo el rendimiento al dinero gastado tampoco sería mal camino. Habría que fomentar la austeridad en todos los niveles de trabajo; y desligar a TVE de sus ganancias por publicidad. Y, por supuesto, imponer una gestión que, esta vez sí, garantice la independencia informativa de la televisión y la radio públicas.
